El golpe de Maduro......Manuel Malaver

Manuel Malaver La Razón / ND

El golpe de Maduro contra la Constitución y la voluntad popular

28 Febrero, 2016

No sé si las mayorías nacionales, y mucho menos, si los partidos democráticos lo están notando, pero la minoría que encabeza Maduro -y que representa una fracción minúscula del Poder Ejecutivo-, se alzó “en armas” contra la Constitución y las leyes, y validada del poder circunstancial que representa la fuerza, no reconoce la decisión de la inmensa mayoría de los venezolanos que el 6D otorgó a la oposición democrática la legitimidad necesaria para hacer respetar la Carta Magna, restaurar la independencia de los poderes e iniciar el proceso que conduzca a que la libertad y la democracia brillen de nuevo en los cielos de Venezuela.

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No es, por supuesto, un mandato del cual quieran oír hablar– y menos obedecer- neototalitarios de la extirpe fallida y forajida de Maduro, y ya puede establecerse que, a horas de conocerse oficialmente los resultados de 6D, se rodeó de lacras de todos los pelajes para instrumentar un desacato continuo y pronunciado que no puede interpretarse sino como un golpe de Estado desde “un” poder y contra “otro” poder.

Pero, aparte de la gravedad de los hechos –que es la que atañe a la urgencia y diría que hasta dramatismo de este artículo- pienso que el golpe madurista también es propicio para denunciar una vez más el falso apego y la adhesión puramente instrumental del neototalitarismo y el “Socialismo del siglo XXI” a la democracia constitucional y sus leyes, las cuales, usadas para asaltar el Poder Ejecutivo, se dirigen después a la mutilación de los derechos, que llevados al extremo de su arrase total, abren puerta franca a la instauración del estalinismo de siempre.

Y ese es el monstruo, fantasma o esperpento con que hoy tropiezan los millones de electores venezolanos que el 6D aprovecharon la confianza del madurismo en sus abusos y atropellos para propinarle la derrota por la que, no solo él régimen de Maduro, sino el llamado “Socialismo del Siglo XXI” cayeron hechos añicos para devenir en una suerte de serpiente que, cortada en 1000 pedazos, logra que los trozos se retuerzan, agiten y hasta amenacen.

Visual espantosa por lo insólita, pero en absoluto inquietante por su eficacia, si se saben separar las partes, aislarlas de ensamblajes que les dan una ilusión de permanencia y se destruyen como materia muerta, pero infecciosa.

Esto es, exactamente, lo que ocurre con la partícula, secuela o cráter que llaman Maduro, cuyo corte se suscitó cerca de la cabeza, y por tanto, agitada y exhibiéndose con dientes afilados y ojos vidriosos, intenta engullirse la Constitución, las leyes, y la recién renacida democracia venezolana.

Todo lo cual, traducido al imaginario de la política real, de los diccionarios que sesudamente hablan de golpes, contragolpes, revoluciones y contrarrevoluciones, no quiere decir otra cosa sino que Maduro, sintiéndose aun presidente de la República y cabeza del Poder Ejecutivo, acaudilla una rebelión o golpe de estado contra la voluntad mayoritaria de los venezolanos, se burla de ella, la atropella, la pisotea, y en la medida que está representada por la Asamblea Nacional, pues proclama que no obedece sus leyes, sus decisiones, ni las órdenes del máximo organismo legislativo del país.

Es el que también podría llamarse, el choque más fuerte, violento y estruendoso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en los 205 años de historia republicana del país y que, si bien se da por descontado se resolverá a favor del Poder Civil, la democracia y la Asamblea Nacional, no se visibiliza cuándo alcanzará su mayor clímax, cul podría ser su duración, ni los daños centrales, laterales y colaterales que le procurará a Venezuela.

En todo caso, se trata de otra réplica de la lucha entre el Poder Civil y el Poder Militar en Venezuela, de la democracia contra la dictadura, de la paz contra la guerra y de los votos contra las balas.

Desde luego que, con las variantes que imponen el tiempo, el lugar, los escenarios, los orígenes y la naturaleza de las fuerzas que se enfrentan.

Porque -y esto hay que decirlo de una vez- tras el “socialista” Maduro se agrupa una cierta hez social y política constituida por factores que la delincuencia globalizada ha ido desparramando por el mundo en visiones apocalípticas, donde, ángeles y demonios se dan la mano y naciones y estados enteros son tomados por la delincuencia organizada que pervierte principios, ideologías, éticas, culturas y hasta religiones.

Por ejemplo, no es un secreto que un número no exiguo de los oficiales que integran la cúpula militar madurista está acusada en tribunales internacionales de formar el llamado “Cártel de los Soles”, organización criminal que trafica con cocaína y que solo por temor a ser requerida a que dé cuenta de sus ilicitudes, se agarra al clavo caliente de un gobierno espurio, contrario a los intereses nacionales y decididamente forajido.

Como “narcosocialismo” ha empezado a ser reconocida en estudios de academias y universidades la especificidad del socialismo chavista y madurista, y es porque, no solo una cúpula militar, sino la estructura gubernamental entera se dice que trafica con drogas.

Pero hay más, porque el madurato también se hace rodear de mafias de todo tipo y rango, como pueden ser los llamados “pranes”, criminales de altísima peligrosidad que purgan sentencias en las cárceles y, por el milagro de la tecnología digital, liman barrotes, traspasan rejas y extienden su poder más allá de los espacios cerrados y dominan barrios, municipios, capitales y hasta estados.

Su modus operandi es el de compartir sus dominios con el estado madurista que, por servicios que pueden ir desde controlar a la oposición, hasta ejecutar misiones sucias que el madurismo necesita encubrir, se les permite esta doble vida por la que, individuos al margen de la ley y condenados por sentencias firmes, salen a menudo de sus celdas, vigilan sus negocios, realizan crímenes, secuestran inocentes, cobran vacunas, acumulan enormes fortunas y usan las prisiones como hoteles “cinco estrellas”.

Seguirían, en escala de menor peligrosidad, los llamados colectivos, milicias y guardias del pueblo, organizaciones armadas de civiles, no permisadas por ninguna ley, financiadas por el oficialismo y que reciben sueldos del “madurato” y, teóricamente, están prestas a defender con las armas al gobierno en caso de que corra peligro.

Sin embargo, no hay dudas que los apoyos más importantes de la resistencia, rebelión o golpe de estado madurista derivan de la corrupción, del apoyo que pueden suministrarle mafias de seudoempresarios que, bien dentro o fuera de Venezuela, han participado en el desguace de dos billones y medio de dólares que fueron dilapidados en copiosas oportunidades para que Chávez primero, y Maduro después, contaran con votos en la OEA, la ONU y otras multilaterales, y así mutilar, decapitar o pulverizar la democracia.

Y por aquí llegamos a los gobiernos de la región, a los casi democráticos, menos democráticos o antidemocráticos, que guardan silencio, se muestran indiferentes o se solidarizan con Maduro y su estado forajido en su promoción y ejecución de la tragedia venezolana.

Lo cierto es que la Asamblea Nacional y el pueblo venezolano están solos en la urgencia de enfrentar y derrotar el golpe de Maduro que, día a día se traduce en más hambre, enfermedades e inseguridad que en muchos sentidos opera como un estado de sitio que una fuerza de ocupación lanza contra el país para que no le quede otra alternativa que rendirse.

Por lo tanto, es inaplazable que la Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela pasen a la ofensiva, que denuncien ante el país y la comunidad internacional el golpe de Estado o rebelión madurista, y sobre todo, que diseñe a la brevedad una salida para que los golpistas sean derrotados y desalojen cuanto antes el poder.

Se ha hablado en las últimas semanas de una Enmienda, Reforma Constitucional, o Referendo Revocatorio y en tormo a uno de ellos, dos de ellos o todos ellos, deben ponerse de acuerdo los líderes y partidos de la oposición democrática para en días iniciar la marcha que en menos de dos meses libere a Venezuela de mafias, pranes y narcotraficantes que son las fuerzas que apoyan y se esconden tras el golpe de estado de Maduro, Cabello y los narcomilitares que los sostienen.

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Sección: opinión 

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La corrupción mata Carlos Tablante

LA CORRUPCIÓN MATA


CARLOS TABLANTE

La corrupción produce graves daños, sin embargo, para muchos pareciera ser un delito menor. Consideran que no es lo mismo atracar a mano armada que cobrar una comisión por un contrato con el Estado. Están equivocados. La corrupción no es un delito sin sangre.  La corrupción mata. 

El hallazgo de miles de medicinas vencidas en los depósitos del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar) dependiente del Ministerio de la Salud, realizado por los diputados José Manuel Olivares y María Pérez en días pasados, confirma lo que otros parlamentarios ya habían denunciado en 2010 y 2014: Funcionarios  se enriquecieron importando medicamentos  caducados desde Cuba a cambio de millonarias comisiones. Se trata de productos para el tratamiento de problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, sida y cáncer, entre otras enfermedades, que el gobierno cubano intermedió a cambio de colosales ganancias, como en el sector de los alimentos y el eléctrico. 

Las preguntas que se hicieron los parlamentarios tanto ayer como hoy son las mismas:

¿Los medicamentos  llegaron vencidos o se vencieron en los depósitos del Sefar? ¿Cuál pudo ser la causa? ¿Es la evidencia de otro negocio ilícito más con el diferencial cambiario? ¿Tal vez uno de los muchos episodios de lobby político internacional del Gobierno, o simplemente otro capítulo de proverbial desidia burocrática? La respuesta más cercana a la realidad parece ser: todas ellas, como afirmamos en el capítulo Las medicinas más caras vienen de Cuba en el libro El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos. 

El Ministerio de Salud nunca contestó ni estas ni otras interrogantes. Los ministros que se sucedieron desde 2004 hasta 2015 ni siquiera respondieron a las observaciones que hiciera la Contraloría General de la República (CGR), en especial en las memorias de 2010 y 2011. Los informes de la CGR señalan que las medicinas se compraron con un lapso de expiración muy cercano a la fecha de importación y fueron pagadas a Cuba por adelantado. El incremento en los precios de un año a otro, por el mismo medicamento, llegó a ser de 9.000%, sin justificación, como señala el informe de la CGR de 2013. 

El Sefar tiene como misión producir, adquirir y distribuir medicinas en hospitales, ambulatorios y en la red primaria de salud. Las metas de elaboración de medicamentos genéricos no se cumplen desde hace cinco años. La fabricación está parada, más no así la importación. La memoria y cuenta de 2014 del Ministerio de Salud revela que solo se fabricaron 8 millones de unidades de fármacos, pese a que la meta era de 18. Sin embargo, en ese mismo año el Sefar registró el volumen más alto en distribución de medicinas importadas de su historia: un total de 513 millones de unidades. 

 Es evidente que la prioridad del Sefar no es la producción de medicamentos hechos en Venezuela sino la importación. La compra de productos a punto de vencer que valen la mitad en los mercados internacionales pero que facturan como si fueran medicamentos vigentes genera grandes comisiones para los involucrados. Pero ahí no termina el negocio: Muchos de esos productos se queman para comprar más. Desde 2004 ha sido práctica común del Sefar incinerar los productos vencidos. Solo entre 2008 y 2009,  el Ministerio de Salud pagó 1,2 millones de bolívares por dicho concepto a empresas en Maracay y La Guaira. 

El Sefar ha tenido varios responsables, al igual que en el caso de los alimentos y otros sectores sensibles de la economía, éstos han sido principalmente militares. 

La corrupción - delito que no prescribe - causa daños profundos e irreparables a la sociedad, pero en el caso de la salud, es aún más criminal. 

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El Cambio Total Roberto Giusti

El cambio total

ROBERTO GIUSTI |  EL UNIVERSAL

martes 23 de febrero de 2016  12:00 AM

La percepción sobre la incapacidad  del chavismo para gobernar a estas alturas es ya una creencia firme, incluso entre quienes siempre votaron por el caudillo y el 6D lo hicieron por la oposición. Es más, a esa corriente de opinión que ya parece irreversible habría que sumarle a los desilusionados, quienes ante el agravamiento de la crisis han modificado su actitud  en los dos primeros meses del año. Y no se equivocan porque la terquedad en permanecer atado a la única opción que garantiza  la continuación del fracaso, se puede calificar de incapacidad para reconocer los errores y rectificar en consecuencia.

Maduro prefiere el caos y sus tremendas consecuencias antes que abjurar del sacrosanto dogma del socialismo del siglo XXI, lo cual implicaría la negación de  "la doctrina Chávez", en el caso de que esta calamidad pueda llamarse  "doctrina" y la aceptación  de que muy lejos de la liberación, del  bienestar y de la felicidad que tanto pregona, lo que está dejando atrás es opresión, miseria y hambre. Pero la cosa no resulta tan simple porque cuando se trata de implantar un sistema socialista no hay eficiencia que valga, los resultados terminan siendo los mismos y el cambio de modelo se impone dictado por una realidad que ya no da para más. Así ocurrió con la caída  del imperio soviético y de la China de Mao, para citar apenas dos de los ejemplos más socorridos, donde la eficiencia, sobre todo, en el arte de anular los más elementales derechos humanos, pero también en la creación de un Estado todopoderoso y fisgón, provocó la condena de varias generaciones a la esclavitud y la estrechez. Es decir la eficacia, a la hora de desarrollar la doctrina, lejos de cumplir con los objetivos de liberación, justicia social y una vida digna para todos, produjo exactamente lo contrario.

En Venezuela nunca se pasó del Estado primario, es decir, de la destrucción del orden establecido porque la consiguiente creación de uno nuevo nunca llegó y eso, a la postre, ha resultado tan dañinos como los modelos completamente acabados de las dos grandes  naciones-Estados del socialismo real. En otras palabras, no pasamos de la primera etapa del "proceso"', estos revolucionarios no superaron la cota mínima de (des)control, el terremoto dejó, aunque maltrechos, algunos valores y ahora que intentan la toma definitiva del poder y se quitan la máscara democrática, descubren que ya es muy tarde, que no aprovecharon el momento, cuando estaban la cresta de la ola y el cambio, que en Rusia y China  fue solo de modelo económico, en Venezuela  se plantea como total. De manera que si algo bueno nos dejaron los 40 años de una democracia tan vituperada, es la existencia de un sistema electoral que, en medio de todas las aberraciones y gracias a la tradición del voto, corta pero tradición al fin, será clave para la reconstrucción del país y la creación de un nuevo orden que no se concibe fuera del sistema de libertades y el mandato popular.

@rgiustia

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El estallido social: ¿ocurrirá? Trino Márquez

El estallido social: ¿ocurrirá?


Trino Márquez

La pregunta se ha puesto de moda. Periodistas, investigadores, analistas, amas de casa, se interrogan acerca de por qué no ha ocurrido un estallido social parecido al del 27-F de 1989, si las condiciones generales del país lucen mucho peores que hace casi tres décadas. A finales de los años 80 no se habían alcanzado los niveles de inflación, escasez y desabastecimiento registrados en la actualidad. Durante el período 1987-1988, el incremento de precios fue de 28,3% (1987) y 37,5% (1988), nada equivalente a las astronómicas cifras presentes. La escasez y el desabastecimiento de productos en los anaqueles ni remotamente se parecían a los actuales, cuando no se consigue ni papel tualé. 

        Una salida muy simple y cómoda consiste en despachar la interrogante diciendo que los pobres fueron anestesiados por el soporífero populista aplicado, primero por Chávez y luego por su heredero, Maduro. Podría haber algo de cierto. Pero, la respuesta es insuficiente. En el país existen todas las condiciones objetivas para que haya un levantamiento popular de gigantescas proporciones. A los problemas económicos mencionados, se agregan la falta de medicinas, la crisis eléctrica y el corte de agua hasta en la zona de Guayana, en las márgenes del Caroní y el Orinoco.

        Los sucesos de finales de febrero de 1989 se produjeron porque las protestas iniciadas en Guarenas -mitad espontáneas, mitad inducidas por grupos ultraizquierdistas- había sido fraguada durante años por los núcleos residuales de la izquierda militarista y guerrerista de los años 60. En Guarenas y Guatire eran muy activas las viejas fracciones del Movimiento de Izquierda Revolucionaria  (MIR) -como Bandera Roja y la Organización de Revolucionarios (OR), brazo armado de la Liga Socialista- y del Partido de la Revolución Venezolana (PRV) -como Tercer Camino-. Estos grupúsculos, insignificantes desde el punto de vista electoral, eran agitadores importantes. Se declaraban en contra de la democracia representativa, a la que llamaban “democracia burguesa”, y cultivaban la idea de la revolución popular, la violencia como partera de la historia, la insurrección del pueblo y toda esa jerga vinculada con Mao Ze Dong, el Che Guevara y Ho Chi Ming.  Era una izquierda que nunca se había pacificado, ni abandonado los postulados de la lucha armada. Estaba fragmentada en decenas de microgrupos que diferían acerca de las tácticas o las etapas de la revolución, pero coincidían en un principio fundamental: la derrota del régimen burgués tendría que ser violenta.

        Cando se produjeron las protestas en Guarenas esos sectores se montaron en la ola, la surfearon y potenciaron. Vieron la ocasión de desatar el tsunami que arrasara el sistema, o de encender la pradera, como prefieren los leninistas. No pudieron desencadenar la tormenta porque el frente militar de esa opción –Hugo Chávez y demás golpistas del 4-F- aun no estaba preparado para dar el zarpazo. Era demasiado débil. Los conjurados luego utilizaron los episodios de febrero de 1989 para justificar el cuartelazo del 92. Mentira. Conspiraban desde el Juramento del Samán de Güere (1982), casi una década antes. Su vocación era asaltar el poder mediante un madrugonazo. Nunca les satisfizo la democracia instalada a partir del 23 de enero de 1958. Los violentos tienen 17 años gobernando.

        La oposición actual, mayoritaria en términos numéricos, está ubicada en polo opuesto del espectro político. La vocación democrática, pacífica, constitucional y electoral de la inmensa mayoría de la oposición ha sido clara. A pesar de las continuas provocaciones y arbitrariedades del régimen, en la era de Chávez y en la actual, la oposición se ha mantenido apegada a la Carta del 99. Mientras el Gobierno la viola a cada rato, la alternativa democrática se conserva fiel a ella. No utiliza las largas colas, ni el descontento popular o las centenas de protestas registradas en la nación para soliviantar a la población. La agitación insurreccional no forma parte del proyecto político de la MUD, ni de su fracción parlamentaria en la Asamblea Nacional. La legítima lucha por cambiar el Gobierno, en este caso régimen, se libra dentro del marco fijado por la Carta del 99.

        Si la decisión correspondiese exclusivamente a la MUD, jamás habría un estallido social en Venezuela.  Sin embargo, Maduro actúa para que se produzca en cualquier momento. Recrea sus viejos tiempos en la OR-Liga Socialista, solo que ahora es el Presidente.

        @trinomarquezc

 
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La solución política.......Angel Oropeza

LA SOLUCION POLITICA Y SUS TRES CONDICIONES

   

      ANGEL OROPEZA

La percepción del tiempo es una variable significativa al momento de acometer la diversidad de formas en que se imagina y se hace política. Una decisión política fuera de tiempo, sea muy temprano o ya tarde, es tan errónea e inútil como una mala decisión.

La percepción subjetiva de los tiempos está afectada no sólo por las expectativas, sino por las circunstancias particulares de las personas y los pueblos. Lo que para algunos puede resultar un plazo razonable, para otros, dadas las características de su cotidianidad, se convierten en lapsos perentorios.

La UCAB, UCV y USB acaban de publicar los hallazgos de su último Estudio de Condiciones de Vida 2015. Según los datos, el país ha dado un salto de involución inédito, al pasar de 48% de hogares en situación de pobreza en 2014 a 73% en 2015. Esto significa que cerca de 23 millones de venezolanos –75,6% de la población– se ubican por debajo de la línea de pobreza. Pero además, por primera vez, la pobreza extrema es mayor que la pobreza moderada, al pasar de 23,6% de hogares en 2014 a 49,9% en 2015. Esto significa que la mitad de la población no tiene suficientes ingresos ni siquiera para satisfacer las necesidades de alimentación.

Pedirle paciencia a una población con hambre es difícil. La aceleración de la pobreza también relativiza la percepción subjetiva de los tiempos. Además, la historia ha demostrado que el descenso brusco en las condiciones de vida de una población es socialmente más peligroso y explosivo que el haber tenido unas condiciones deficitarias de vida durante mucho tiempo.

En una situación de altísimas expectativas de cambio combinada con una agudización de la pobreza, el riesgo de una peligrosa frustración social puede hacer estragos si no se percibe una propuesta de solución al proceso de deterioro en la dimensión restringida del tiempo que producen las urgencias existenciales.

Un estudio de Plataforma Informativa de noviembre demostró cómo la percepción de la gente sobre su situación personal mejoró ostensiblemente con respecto a la tendencia negativa creciente de todo 2015. Y la razón fundamental de esta mejoría fue la percepción de cercanía del evento electoral, que funcionó como una auténtica válvula de escape a una olla de presión social cada vez más hirviente.

La frustración está asociada psicológicamente con agresión, con conductas erráticas y con toma de decisiones inadecuadas. Es urgente evitar que la frustración de las expectativas de cambio, avivadas por las urgencias de la pobreza, termine conduciendo a la población a aceptar como bueno cualquier desenlace a la crisis. Y la experiencia ha demostrado hasta el cansancio que cualquier salida no es solución, ni cualquier desenlace es remedio.

Hay que afrontar con rapidez e inteligencia el delicado equilibrio de proponer ya una ruta de cambio político que sea popularmente perceptible (para que no genere frustración no percibir una propuesta aceptable dentro de sus urgencias temporales), pero que al mismo tiempo tome en cuenta los múltiples factores que intentarán torpedearla (para evitar que la frustración devenga entonces de su inviabilidad).

Esta ruta de cambio político, para ser exitosa, debe además cumplir con una tercera condición, y es que se diseñe de tal forma que active a la población, la movilice en diversidad de tareas y la haga participar de varias formas en la agenda de luchas. Limitar la propuesta de solución a invitar al pueblo que espere pasivamente la ocasión de un evento electoral, puede no ser suficiente dadas las circunstancias. Cualquier ruta de solución que se proponga debe contener tareas políticas concretas que puedan desarrollar los ciudadanos a nivel personal y desde sus comunidades.

Si se logra que el diseño de la agenda democrática urgente para el cambio involucre activamente y haga partícipe a la población en su agenda cronológica de luchas, la gente percibirá –con razón– que no sólo ya comenzó el cambio que demanda, sino que ella misma es parte esencial de su construcción.

@angeloropeza182  

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¿Es la FAN deliberante? Henry Ramos A.

           ¿ES LA FAN DELIBERANTE?
             

                            Henry Ramos Allup 

Aceptando lo constitucionalmente inaceptable, que la Fuerza Armada Nacional sea deliberante, hay que preguntar por qué su escandaloso silencio cuando han sido vulnerados el interés y la soberanía nacionales, así como la memoria del Libertador y la moral de la propia institución armada. 

No cabe duda que tanto el auténtico nombre de la Fuerza Armada Nacional (FAN y punto) como sus funciones específicas, están clara y literalmente determinados en los artículos 328, 329, 330 y 331 de la Constitución. 

Tratándose de normas constitucionales, son normas de derecho estricto y su interpretación es necesariamente restrictiva, es decir, no pueden estirarse más allá de su texto taxativo ni pueden desvirtuarse ni establecerse principios en normas de rango inferior que lo contraríen, dado el principio de supremacía constitucional. 

Hago estas precisiones a propósito de una respuesta vía tuiter del Ministro de Defensa, en clara alusión a lo que sobre el carácter no deliberante de la FAN dije in facie el Alto Mando Militar en el acto de presentación de la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro ante la AN el pasado 15 de enero. 

Para fundamentar su respuesta, el ministro Padrino echó mano del zoon politikón de Aristóteles, aduciendo que los militares, como seres humanos, son también animales políticos o cívicos como cualquier persona civil, y por consiguiente tienen el derecho de deliberar, participar en política y demás. 

Muy lejos se fue el Ministro cuando buscó a Aristóteles para fundamentar su respuesta, puesto que él, profeso bolivariano, ha debido recordar el pensamiento del Libertador, mucho más reciente, cuando expresó el 24 de junio de 1828 en Bogotá, en respuesta al comandante militar, al ser recibido apoteósicamente por pueblo y autoridades: 

"Como diputado de los militares de la capital del Departamento de Cundinamarca; me parece que sois el tribuno de los ciudadanos armados, que no son más que los hijos de la patria autorizados para defender sus derechos. 

El ejército de Colombia ha sido el modelo de las virtudes cívicas y militares. 

Nuestras leyes lo habían pervertido en alguna parte pequeña, pero vil; este ejército quería tomar sobre si sus primitivos derechos, y deliberar como los demás ciudadanos; pero el soldado no debe deliberar ¡y desgraciado del pueblo cuando el hombre armado delibera! 

Dejemos esto de lado y admitamos lo inadmisible, es decir, que el hombre armado puede y debe deliberar. 

Que se sepa, en la FAN hay deliberación sólo para defenderse a sí misma y al Gobierno. 

Sobre un montón de temas de altísimo interés nacional la fuerza armada como totalidad ha guardado escandaloso silencio sin deliberar nada. 

Comienzo por esa vagabundería inaudita que fue el Plan Bolívar 2000 con el que se enriquecieron groseramente militares al mando de guarniciones. 

Nada sobre las fundadas acusaciones nacionales e internacionales contra altos ofíciales empantanados en hechos de narcotráfico y corrupción y sobre la impunidad rampante de la que disfrutan gracias a organismos contralores y de justicia alcahuetes. 

Callaron ante la profanación de los restos del Libertador, para someterlos a unos tales informes científicos y fundamentar con ellos una falsificación de su rostro que se pareciera al de Chávez. 

Nada han dicho sobre la disminución sistemática del Libertador y al mismo ritmo la elevación de Chávez para colocarlos a ambos en un mismo rango historiográfico e idolátrico. 

Han permanecido callados sobre el pobre rostro de Bolívar humillado en una moneda envilecida al nivel de la basura y ante la prostitución de su nombre usado como tapadera para bautizar cualquier disparate que se le ocurra al gobierno. 

Han ignorado la hipoteca nacional a intereses económicos extranjeros, y callado ante la conversión de la fuerza armada en hueste chavista, revolucionaria y socialista, como apéndice del partido de gobierno y la sumisión de ciertos militares con mucho rango y pocos méritos arrastrando a la ignominia a la totalidad de universo militar. 

Nada dijeron cuando el irresponsable de Chávez, en suprema traición a la Patria, renunció a nuestra histórica reivindicación del Esequibo, el 8 de marzo de 2008, en la reunión del Grupo de Rio, argumentando que se trataba de una vieja reclamación adeca instigada por Washington para derribar el gobierno socialista de Guyana. 

También callaron ante la entrega de nuestra frontera occidental a la guerrilla narcoterrorista colombiana. 

¿Protestaron la presencia de cubanos controlando áreas estratégicas en nuestro país o sobre la bandera cubana izada en cuarteles venezolanos? 

 ¿Alzaron su voz contra los regalos de Petrocaribe mientras nuestro pueblo se muere de hambre y carece de medicinas? Sobre más de 300 mil millones de dólares de endeudamiento y que seamos el país con la mayor inflación mundial? 

Ante los incontables millones de dólares que se esfumaron en empresas de maletín auspiciadas por capos civiles y militares; 
O ante la vergüenza de la administración de justicia en manos de jueces que deberían estar presos? 

O sobre el hampa impune y el hecho de que seamos el país más violento del mundo? 

¿Algo sobre el Irrespeto a la voluntad popular expresada abrumadoramente el 6D contra un Gobierno que se derrite? 

¿Deliberan de verdad los militares? 

@hramosallup             

L Asamblea o el Gobierno Fernando Mires

La Asamblea o el gobierno; por Fernando Mires

Por Fernando Mires | 19 de febrero, 2016

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Cuando Diosdado Cabello ordenó renovar el TSJ, días antes de que la nueva Asamblea Nacional entrara en funciones, estuvo claro que en Venezuela surgiría una situación a la que en diversos artículos definimos como de “doble poder dentro del Estado”.

Para precisar, no se trata de un enfrentamiento entre los poderes legislativo y judicial, como aparece a primera vista, sino entre el Ejecutivo como representante del poder instrumental (armas, jueces, servicios secretos, para-militares, grupos de choques y organizaciones sociales verticales al servicio del partido-Estado) y el Legislativo, representante de la mayoría democrática, de la soberanía popular y de la Constitución nacional.

El TSJ —casi no es necesario decirlo— ya no es un tribunal (nadie que no sea del gobierno puede acudir a sus servicios), no es superior (ha sido degradado en su propia sustancia) y no es de justicia (no la imparte). El TSJ es sólo una sigla para designar al brazo judicial del gobierno.

El enfrentamiento es pues entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Es también el enfrentamiento entre dos lógicas. La del Ejecutivo es una lógica militar aplicada a la política. La de la AN es política.

Desde su punto de vista militar (es decir, anti-político) Cabello hizo lo que tenía que hacer. Sabiendo que el gobierno estaba amenazado por la AN, tendió una valla de contención. Esa valla es el TSJ.

Maduro, gracias a esa valla, ha decidido gobernar por decretos no aprobados por la AN. Mediante la politización de la justicia el gobierno ha judicializado (y ajusticiado) a la política. Con la suspensión de las atribuciones de la AN ha sido, además, establecido el “Estado de excepción en permanencia”. Es por eso que la defensa de la AN es, en estos momentos, idéntica a la defensa de la democracia en el país.

El de Maduro es un gobierno que se apoya en las armas, no en la mayoría, tampoco en la legalidad y mucho menos en la legitimidad. Un gobierno encapsulado dentro de un Estado que, si no pensamos en términos militares, ya no le pertenece políticamente.

De modo inteligente la Unidad no polarizó desde el comienzo las contradicciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esa tarea se la dejó al gobierno. En ese sentido lo oposición hizo lo que debía hacer desde su lógica política: develar el carácter anti-constitucional del gobierno pero no a través de declaraciones sino por medio de los hechos.

Sólo cuando Maduro —mediante la aprobación de su “decreto de emergencia económica” por vía judicial— demostró su voluntad de prescindir de la AN, anulando su potestad, la oposición desde la Asamblea no tuvo más alternativa que plantearse la posibilidad de destituirlo. No la oposición, el gobierno ha mostrado su carácter sedicioso.

El dilema impuesto por el propio Maduro/Cabello no deja dudas: o el Gobierno o la Asamblea. Sin embargo, de acuerdo a la lógica de ese dilema el gobierno no puede destituir a la Asamblea pero la Asamblea sí puede (y en este caso, debe) destituir al gobierno. La Constitución señala las vías.

La dirección política de la oposición deberá escoger entonces la vía más apropiada de acuerdo a los plazos legales, a la profunda tragedia social del país y a la disposición popular para defender conquistas políticas alcanzadas mediante el voto.

Con toda seguridad la dirección política opositora sabe muy bien que las mejores vías jurídicas no son siempre las más políticas. Desde ese punto de vista puede ser que el medio revocatorio no sea el más expedito ni el más rápido. Pero es el que aparece como el más político. En todo caso la última palabra sobre el tema aún no ha sido dicha. Son varios los pro y los contra que deberán ser evaluados.

Lo importante por el momento es lo siguiente: mientras más grande sea la participación del pueblo políticamente constituido en los caminos constitucionales abiertos por la oposición, más difícil será al gobierno desconocer a la razón de las leyes.

Justamente la historia reciente ha demostrado que la participación popular en Venezuela sólo ha sido políticamente efectiva cuando ha logrado encuadrarse en el marco de una estrategia política común. Es por eso que las iniciativas movilizadoras realizadas al margen de la MUD han conducido, por lo general, a callejones sin salida.

No haber encuadrado su práctica con la posición de la mayoría de los partidos organizados en la MUD —dicho sin el propósito de remover heridas— fue uno de los grandes errores de la  movilización conocida como “La Salida”, a comienzos de 2014. Los dirigentes políticos de la oposición parecen estar de acuerdo en que acciones similares ya no pueden volver a repetirse.

Para que se entienda mejor: el error más grande de “La Salida” no fue su llamado a ocupar las calles. El error más grande fue haber intentado imponer su llamado sin una perspectiva que contemplara la disposición a batirse con el gobierno en términos electorales de acuerdo a la decisión mayoritaria de la oposición. Es por esa razón que cualquier intento de establecer una línea de continuidad entre “La Salida” de 2014, y la lucha por la destitución de 2016, no solo es antihistórica; es radicalmente falsa.

La alternativa que surge en 2016, a diferencias de la de 2014, no es divisionista, es unitaria; no surge de una derrota electoral (elecciones municipales del 2013) sino después de una gran victoria (6-D); no es un llamado de líderes personalistas, sino de una dirección colectiva hecho en un momento caracterizado por la más profunda crisis económica, social y moral que ha vivido el país.

Útil es recordar la historia reciente cuando se avecinan momentos en los cuales las iniciativas populares serán convocadas a apoyar vías constitucionales (repetimos, constitucionales) orientadas a la destitución presidencial. Esas vías deberán culminar en nuevos procesos electorales, desde las primarias hasta las presidenciales. La complejidad de la situación exigirá sin duda una gran disciplina política; una similar e incluso superior a la que se dio en los tramos previos al triunfo del 6-D.

Tanto o más importante será esa disciplina si se toma en cuenta una condición histórica objetiva: Venezuela carece de organizaciones laborales y civiles en condiciones de articular movilizaciones durante plazos relativamente largos como es el caso de países con fuertes tradiciones sindicales, entre otros, Argentina, Chile, Brasil  y México.

Lamentablemente es así. Como consecuencia de un sistemático trabajo de destrucción, producto de 17 años de chavismo, la sociedad venezolana se encuentra atomizada, disgregada y sin capacidad de impulsar reacciones organizadas que no provengan de instancias políticas.

En países en donde existen fuertes organización civiles y sociales las movilizaciones pueden ser mantenidas en el tiempo aún con prescindencia de partidos políticos. En Venezuela en cambio, las convocatorias deben ser orientadas hacia objetivos muy precisos. Es por eso que el terreno más apropiado para el desarrollo de las luchas sociales y para las manifestaciones de calle han sido las campañas electorales.

Son estas las razones que llevan a pensar que, por un lado, la movilización social es imprescindible pues el pueblo democrático debe sentir como obra suya la destitución y no como algo que hicieron “otros” en su nombre. Pero, por otro lado, esa movilización social no puede quedar librada a la improvisación, ni a la espontaneidad, ni mucho menos a la voluntad de líderes heroicos pero imprevisibles.

Dicho ahora en clave de síntesis: la superación de la crisis económica venezolana pasa por la superación de la crisis de gobernabilidad. Ésta última, a su vez, pasa por el fin del gobierno de Maduro. Ese objetivo sólo puede tener lugar sobre la base de un proyecto de destitución constitucional muy bien definido y, en las fases más decisivas de la lucha, con la activa presencia de las más amplias movilizaciones populares.

O la Asamblea o el gobierno; ese es el dilema. La suerte está echada. Ya no se puede echar pie atrás.

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