Luz y camino en la oscuridad Luis Ugalde S.J.

Luz y camino en la oscuridad

Luis Ugalde sj 

El 13 de este enero de este año que comienza, los arzobispos y obispos de Venezuela entregaron su documento más trascendente en nuestra historia. Todos deberían leer sus cuatro páginas y ponerse en marcha desde la actual realidad de muerte hacia la vida. Reproducimos en este espacio reducido sus párrafos más significativos: “Si bien hablamos como cristianos católicos, nuestras reflexiones y preocupaciones las ofrecemos a todos, sin distinción de credo, de inclinaciones políticas o sociales. El país nos duele a todos, y el clamor y la angustia de la gente son también nuestros”.

 “La actual realidad venezolana es extremadamente crítica. Una gran oscuridad cubre nuestro país, un oscuro panorama que se agrava cada día que pasa, porque no se ponen correctivos a los males y porque la causa que los genera avanza como una tenaza que se va cerrando, con sus secuelas opresivas y destructoras”.

“El intento de cercenar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y la ola de represión y persecución política que se ha desatado en últimos días lesionan gravemente el ejercicio de la institucionalidad democrática. Solo en regímenes totalitarios se desconoce la autonomía de los poderes públicos y se impide la libre manifestación de la ciudadanía”… La causa fundamental, como lo hemos afirmado en otras ocasiones, es el empeño del Gobierno de imponer el sistema totalitario recogido en el Plan de la Patria (llamado Socialismo del Siglo XXI)”.

“Es necesario incluir en el inventario negativo el infructuoso diálogo entre el Gobierno y la Oposición, en el cual la Sede Apostólica aceptó participar como facilitador por la invitación de las partes en conflicto. Dicho diálogo suscitó esperanza en la mayoría de los venezolanos, pero su resultado fue decepcionante, a causa, principalmente, del incumplimiento, por parte del Gobierno, de los acuerdos a que se había llegado en la reunión del 30 de octubre de 2016”.

“Los obispos venezolanos, en comunión con el Santo Padre Francisco, reiteramos las condiciones para continuar el diálogo señaladas por el Secretario del Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolín, en su carta del 1 de diciembre de 2016: 1. Aliviar la grave crisis de abastecimiento de comida y medicinas que está sufriendo la población. 2. Las partes concuerden el calendario electoral que permita a los venezolanos decidir sin dilaciones su futuro. 3. Se tomen las medidas necesarias para restituir cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol previsto en la Constitución; 4. Se apliquen los instrumentos legales para acelerar el proceso de liberación de los detenidos”.

Luces para construir la nueva Venezuela

 “¿Cómo ser portadores de luz y esperanza en un panorama de oscuridad y de muerte? Este es el desafío que nos interpela más profundamente como ciudadanos y como creyentes. Los preceptos ‘ama a tu prójimo como a ti mismo’ (Mt 22,39) y ‘no matarás’ (Ex 20,13), es la voz de Dios que resuena en el fondo de nuestras conciencias. La misión del cristiano, en cualquier circunstancia, es anunciar al Dios de la vida y revertir la cultura de muerte en cultura de vida… Frente al mal nadie puede permanecer como simple espectador. El llamado es a ser protagonistas del presente y del futuro de nuestro querido país”.

“Las urgentes necesidades de las personas, familias y comunidades reclaman de las autoridades respuestas inmediatas. En este momento es necesario que el Estado venezolano acepte la ayuda internacional, ofrecida por varios países y organizaciones. La Iglesia pone a disposición su infraestructura organizativa (diocesana, parroquial, comunidades eclesiales, Cáritas y otros organismos) para ayudar a enfrentar las carencias de tantos hombres, mujeres y niños en situación de riesgo. Hay muchas otras instituciones e iniciativas privadas dispuestas a contribuir al bien de todos. Con el concurso de los medios y redes de comunicación promovamos la solidaridad nacional que nos lleve a encontrar respuestas valederas ante la urgencia de alimentación y salud”.

“Tal como declaramos en el Mensaje de la Asamblea Conjunta con los Laicos (08-09/01/17), estimamos que el pueblo clama por un cambio profundo de la orientación política del país que sea producto de la decisión del pueblo soberano (CRBV 5): o el Socialismo del Siglo XXI, ausente de la Constitución, o el sistema democrático establecido en la Constitución. El país exige un itinerario electoral, tal como se acordó en la Mesa de Diálogo”.

“Es urgente emprender entre todos acciones que conlleven a la superación de la crisis del país: reactivar el aparato productivo, garantizar la vigencia del Estado de derecho, reconstituir el tejido social fracturado, valorar la ética personal, familiar y comunitaria, fomentar la honestidad y la responsabilidad en la vida pública, promover la reconciliación entre las personas y grupos y, en definitiva, renovar la vida completa del país”.

“Ante la desesperanza reinante, que paraliza la dinámica de toda buena y oportuna iniciativa, exhortamos a todas las agrupaciones políticas, a las distintas confesiones religiosas, a los gremios y asociaciones, a las universidades y al amplio mundo educativo, a los medios de comunicación, a lograr puntos de encuentro que favorezcan la articulación de los diversos sectores en un proyecto común de país. Tengamos confianza y esperanza en nuestras capacidades para cambiar la actual situación”.

Ilegítimo + 2. Adolfo Taylhardat

Ilegítimo x 2

LA OPINIÓN DE

Adolfo Taylhardat

 
 
 

18 DE ENERO DE 2017 12:11 AM | ACTUALIZADO EL 18 DE ENERO DE 2017 07:15 AM

He calificado de ilegítimo al individuo que usurpa la jefatura del Estado y nunca lo he llamado por su nombre ni su apellido porque ese elemento llegó al poder por una vía totalmente irregular.

En primer lugar, es producto de la dedocracia del difunto dictador quien, por instrucciones de la satrapía cubana seleccionó como su sucesor al sujeto que mejor le convenía por su ignorancia, su sumisión y su perversidad y ordenó a sus huestes que aceptaran esa escogencia arbitraria. Para colocarlo en la silla de Miraflores se violentaron disposiciones expresas de la Constitución Nacional con la connivencia del tribunal de la suprema injusticia.

En  segundo lugar, fue ratificado en el cargo mediante unas elecciones cuyos resultados fueron amañados con la complicidad de CNE luego de una prolongada reunión de la sala de totalización durante la cual forjaron una manera fraudulenta de atribuirle el triunfo por un escasísimo margen (tenían que hacerlo así para no crear suspicacias).

Ahora pretende desconocer la decisión de la Asamblea Nacional mediante la cual fue declarado incurso en abandono del cargo, y lo despoja de la función que ejerce. La decisión de la Asamblea convierte al sujeto en doblemente ilegítimo (ilegítimo x 2).

Son muchos y muy sólidos los argumentos y razonamientos que demuestran que abandono del cargo no significa necesariamente abandono físico de la función o ausencia del sitio o lugar donde se desempeña el cargo. Hay jurisprudencia inequívoca en ese sentido.

Pero si de ausencia física se trata, la sumatoria de las veces que el ilegítimo x 2 ha estado fuera de Venezuela, sin solicitar autorización del Poder Legislativo (requisito exigido por la Constitución) no cabe duda de que ha habido abandono del cargo porque no ha estado presente en el país. El sujeto ha tomado cuidado de no ausentarse más del tiempo reglamentario, pero si sumamos las veces que ha estado ausente hay que concluir que ha incurrido en abandono del cargo.

Con  la llegada del nuevo año la maldad, la perversidad, la crueldad, la sevicia  del tirano se incrementa haciéndolo todavía más ilegítimo. Un gobernante tiene por misión principal velar por el bienestar de sus súbditos. Cuando no cumple esa misión se convierte en un déspota. Más todavía cuando se dedica a perseguir, hostigar, a encarcelar y martirizar a sus oponentes No cumplir con la misión para la cual fue electo es también abandono del cargo.

La decisión de la Asamblea declarando el abandono del cargo lo ha lacerado profundamente, sabe que está bien fundamentada y ha llagado severamente su imagen (si es que tiene alguna) nacional e internacionalmente.

Ahora la moda del régimen es acusar a sus opositores de conspiración y golpismo. Hasta Lilian Tintori, esa valiente mujer que lucha por la libertad de su esposo y la felicidad de sus hijos, está siendo acusada de golpista, de estar involucrada en acciones conspirativas. Lo que falta es que acusen también a Leopoldo López de estar tramando un golpe desde la celda de Ramo Verde donde lo tienen recluido y aislado. Bastaría que le sembraran un arma y unos explosivos para imputarle esa tremenda y grotesca acusación.

Al parecer, el régimen ha creado un sistema de espionaje telefónico similar al que existía en la extinta Unión Soviética para vigilar a los diplomáticos extranjeros. Mediante este sistema cualquier persona que pronuncie por teléfono las palabras “matar”, “golpe”. “bomba”, “cola”, “desabastecimiento”, “muerte por hambre o por no encontrar medicina”, puede ser acusada de golpista y llevada a la cárcel. Con esa finalidad fue creado el “comando anti-golpista” concebido por el nuevo vicepresidente.

Ese comando es un calco de la Schutzstaffel (mejor conocida como la SS) del nazismo, creada supuestamente como una escuadra para la protección de Hitler y del régimen. Este comando goza de patente de corso para acusar y encarcelar a quien se le antoje e incluso someterlo a la jurisdicción militar como han hecho con el diputado Caro, su novia y otros diputados de partidos de la oposición. Son capaces de acusar de golpista a cualquier articulista que, como yo, denuncie los abusos, las arbitrariedades, las iniquidades, los desafueros que a diario se cometen con la buena pro o por instrucciones del ilegítimo x 2.

El empeño del ilegítimo x 2 en destruir el órgano legislativo nacional justifica el recurso a cualquier medida para proteger el único poder que no ha podido someter. Que quede claro, no estoy promoviendo un golpe. Estoy de acuerdo con que al régimen hay que enfrentarlo con recursos democráticos y constitucionales, pero el desconocimiento de la autoridad usurpadora y la protesta de cualquier naturaleza son recursos constitucionalmente válidos. A la violencia oficial hay que responderle con los mismos medios. Lo que es igual no es trampa dice la sabiduría popular.

“Es necesario generar gestos valientes e iniciativas innovadoras que motiven a esperar contra toda esperanza para construir una convivencia libre, justa y fraterna. Es tarea que nos compete a todos, cada cual según su posición. Es una responsabilidad ineludible porque frente al mal nadie puede permanecer como simple espectador. El llamado es a ser protagonista del presente y del futuro de nuestro querido país”. (Los arzobispos y obispos de Venezuela. Caracas, 13 de enero de 2017).

Maduro TV Andrés Cañizalez

Maduro TV

LA OPINIÓN DE

Andrés Cañizález@infocracia

 
 
 
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17 DE ENERO DE 2017 12:13 AM

El uso del mecanismo de las cadenas de radio y televisión en Venezuela está estrechamente vinculado a la situación política. En períodos de crisis, sean puntuales o prolongadas, aumenta el número de horas en las que el presidente emite un mensaje único de obligatoria transmisión por todo el sistema de radio y televisión del país.

Como ya hemos indicado en artículos anteriores, parece remota la época en que este tipo de transmisiones se usaban de forma esporádica y para anuncios realmente importantes, o en fechas patrias.

En los últimos años, en cambio, la cadena pasó a ser parte de la programación habitual, con el gran detalle de que al producirse una cadena presidencial la audiencia pierde control sobre lo que ve por la televisión o escucha por la radio, ya que se trata de mensajes obligatorios. La presidencia, cada vez que emite una cadena, le quita potestad al venezolano sobre su libertad de información y entretenimiento.

Al hacer un balance del año 2016 estos son algunos de los números globales. El año pasado el presidente Nicolás Maduro estuvo encadenado durante 178 horas y 58 minutos. Se trata de un aumento significativo si se le compara con las 146 horas y 39 minutos en las que estuvo al aire –con este tipo de mensajes obligatorios– en 2015.

Hace 2 años, el presidente en promedio habló 24 minutos diarios. Esta cifra se obtiene de dividir el número total de minutos de cadena y se divide entre los 365 días del año. El año pasado el promedio diario fue de 29 minutos.

En 2016 se regresó al promedio diario del muy conflictivo 2014, cuando fue de 28 minutos por día.

Junto con el ya excesivo uso de las cadenas nacionales de radio y televisión no debe obviarse el número de horas que el presidente Maduro está en la pantalla de los canales del Estado, teniendo como emisión matriz la señal de Venezolana de Televisión, VTV. Allí están las horas de su programa semanal, los actos en los que se opta por no hacer cadena, etc.

En 2016 las transmisiones de Maduro por VTV sumaron 255 horas y 38 minutos. Eso arrojó un promedio de alocuciones por los medios oficiales de 42 minutos cada día del año pasado.

Estas cifras del uso de las cadenas de radio y televisión, así como del tiempo adicional que usa el presidente Maduro en sus alocuciones televisadas a través de Venezolana de Televisión, pueden consultarse en la página web http://monitoreociudadano.org y en la cuenta en Twitter @cadenometro; en ambos espacios hay información actualizada sobre lo que, sin duda, constituye un abuso de poder, que no por cotidiano debemos obviar. La cadena nacional no solo le quita libertad al ciudadano sobre lo que ve u oye a través de los medios radioeléctricos, sino que también implica una erogación de fondos públicos.

Un cálculo modesto, que ubica en 714.436 bolívares el costo por cada minuto de transmisión en televisión, arroja que durante el año pasado esas cadenas de Maduro representaron una erogación de fondos públicos por 8,3 millardos de bolívares. A tasa Simadi (Dicom) del 14 de enero eso significaría 12,3 millones de dólares.

Para que se entienda la magnitud de lo que se destina a estas transmisiones, este 8 de enero el presidente anunció que destinaría unos 9 millardos de bolívares para financiar a 11.040 comités locales de abastecimiento y producción (CLAP) en 44 ciudades del país. Este número de comités constituye casi 40%, según el propio gobierno, de su iniciativa para distribuir alimentos entre los más pobres.

Las cadenas son tanto abuso de poder como mal uso de los recursos públicos. Estos, en una época de crisis económica como la que se vive, deberían estar enfocados en lo que realmente es prioritario para los venezolanos. Y 

El desacato César Pérez Vivas

El desacato

LA OPINIÓN DE

César Pérez Vivas@CesarPerezVivas

 
 
 
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18 DE ENERO DE 2017 12:06 AM

El desacato judicial es una figura consagrada en la ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En efecto el artículo 31 del citado texto legal estableció el ilícito, y fijó una sanción de prisión de seis a quince meses, para las personas que no acaten una sentencia de amparo.

La naturaleza jurídica de esta norma y sus alcances han sido objeto de un controvertido debate en el mundo jurídico venezolano, y ha tenido expresión en la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo de Justicia, cuya sala constitucional había llegado hasta considerarlo al margen del tratamiento ordinario que se le da a los tipos penales.

No obstante los limitados alcances que la figura tiene en el mismo campo del derecho penal, y sus limitaciones para homologarlo al desacato de todo tipo de sentencia, pues la ley lo limita a las sentencias vinculadas con los mandamientos de amparo, el mismo Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Electoral y Constitucional, se han sacado de su caja de sorpresas esta norma, para dar cumplimiento al discurso político de la camarilla gobernante en Venezuela, de desconocer a la Asamblea Nacional, y usurpar de forma arbitraria e inconstitucional, el conjunto de competencias del Poder Legislativo de la República.

Constituye un despropósito en el estricto campo del derecho, usar una norma relativa a la ejecución de las sentencias sobre amparo, para ampliarlo y aplicarlo a los desacatos de todo tipo de sentencias, pues en el derecho procesal, civil y administrativo, se establecen con precisión los mecanismos de que disponen los jueces para hacer cumplir las decisiones emanadas de los tribunales de la república.

Mucho más despropósito es asumir el carácter de legislador, y a la figura del desacato, agregarle por sentencia judicial, un conjunto de efectos sancionatorios distintos a los ya definidos en el artículo 31 de la citada Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Pero donde el despropósito alcanza niveles de escándalo total, es en el plano del derecho político, pues a una crisis de los poderes del estado, los integrantes del tribunal supremo pretenden darle una solución simplista, a partir de una norma que para nada le es aplicable.

El tema obviamente trasciende al derecho, y se ubica en el campo de una crisis política e institucional, cuyo rumbo nos ha conducido al establecimiento de una dictadura, pues a partir de una absurda sentencia, el poder judicial, atendiendo solicitudes abiertas, publicas de un partido político, y del jefe del Poder Ejecutivo, ha producido el desconocimiento del Poder Legislativo de la república, poder de donde precisamente nacen la rama judicial y ciudadana del poder público venezolano.

En Venezuela, quienes están precisamente en desacato a la Constitución son los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, así como el Presidente de la República, y sus ministros, que han construido un burdo mecanismo para desconocer totalmente al parlamento, someterlo al escarnio público, hostigar física, económica y políticamente a sus integrantes, en una clara conducta dictatorial, que rechaza por la fuerza toda expresión de disidencia o critica a sus actos.

El desacato a los mandatos del parlamento venezolano ha convertido a este poder del Estado en un ente meramente simbólico en el escenario político. Sus leyes y actos legislativos no son acatados ni respetados por el resto del aparato estatal, férreamente controlados por la camarilla gobernante. La única función que a medias trata de cumplir la acorralada Asamblea Nacional, es la del debate político. Tal y como van las cosas, y dada la naturaleza fascistoide de la cúpula roja, muy pronto se les tornará absolutamente intolerable dicho debate, dado que ya no hay argumento, ni mentira que pueda justificar el tamaño del desastre nacional, por lo que procederán ya al cierre físico del capitolio, para impedirle a los diputados ingresar y efectuar allí las sesiones, en las que se produce el citado debate político, que es de la esencia de la institución parlamentaria. Presentarán una sentencia, donde cualquier artilugio y argumento, por muy irracional y absurdo que en esencia sea, lo usarán para sostener tan arbitraria medida.

La Asamblea Nacional no puede aceptar más vejaciones a su dignidad y legitimidad. Su reciente elección, con una votación sobradamente mayoritaria, le convierte en el poder más legítimo de la república. Si bien es cierto que se ha instaurado una dictadura que la desconoce, que la desacata, y que usa todo el poder del presidencialismo crónico de nuestro aparato estatal, su fuerza está precisamente en la legitimada de su origen, pero también en su estricto apego al orden constitucional, para poder sostener su autoridad moral y política, sobre la base de una legalidad y legitimidad reconocida tanto en el plano interno, como en el internacional.

Corresponde al liderazgo parlamentario llevar a toda la comunidad internacional el conocimiento pormenorizado del “golpe de Estado” contra el Poder Legislativo de la República, articulado desde la Jefatura del Estado, quien se ha negado a admitir que ya no es expresión de la mayoría nacional, y que debe someterse a las leyes dictadas por el nuevo parlamento, y al control político que sobre la gestión del gobierno, la Constitución le acuerda a la Asamblea.

La actuación y estrategia del liderazgo parlamentario, respecto a esta crisis institucional, tiene que estar en una dimensión diferente a la que articulen las fuerzas políticas de la oposición, en el plano estricto de lucha política en el mismo seno de nuestra sociedad. La acción institucional de la directiva parlamentaria debe presentarse con contundencia y perseverancia en diversos escenarios institucionales de la comunidad internacional. La camarilla roja debe quedar en evidencia. La dictadura no puede esconderse en una burda e insustancial sentencia.

Para compartir José A. Gil Yepez

16 de enero de 2017 05:01 AM

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José Antonio Gil Yepez

Elecciones o revocatorio

La declaratoria del abandono del cargo por el presidente Maduro está contemplada en el artículo constitucional 233 como una de las causales de falta absoluta. Tal declaratoria es potestad de la Asamblea Nacional; luego las únicas vías para declarar dicha falta absoluta no son la incapacidad o muerte, el revocatorio popular ni la destitución por el TSJ. El abandono del cargo no se refiere a la persona que lo ocupa ni a su presencia física, sino al incumplimiento de las atribuciones y obligaciones de dicho cargo: “más abandona el cargo quien incumple sus obligaciones que quien muere cumpliéndolas cabalmente”. La primera de las funciones de la Presidencia, según el artículo 236, es… “Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley”. Pero, el Presidente las viola cuando desconoce leyes aprobadas por la Asamblea, aprueba el Presupuesto Nacional vía TSJ, cambia partidas presupuestarias, hace donaciones al extranjero sin la aprobación de la Asamblea; existen presos políticos, etc., etc.

Por ello, el abandono del cargo es evidente y el mandato de Maduro terminó por falta absoluta el 09-01. Y dice el mismo artículo 233, si dicha falta se produce durante los primeros 4 años del mandato, se procederá a una nueva elección a los 30 días (el 08-02). Dado que ésta se produjo un día antes del plazo, Maduro ya no es, constitucionalmente, presidente, y durante los 30 días, el presidente encargado ya debería ser Tareck El Aissami.

El que la ruta sea elecciones presidenciales (y regionales), quedarse en el cargo o el revocatorio lo determinarán la presión de calle, políticamente organizada por una MUD coherente y persistente; las pastorales de la CEV; la postura del Vaticano; la represión y la consiguiente disidencia militar dentro del chavismo; la reactivación de la OEA; y las presiones internacionales. En ese caso, los oficialistas intentarían negociar en aras de un revocatorio, buscando minimizar su derrota pues Maduro, sin duda, sería revocado; pero salvarían al régimen dejando a El Aissami en la Presidencia para completar el período. Y, sin presión de calle, legal y políticamente organizada, Maduro se queda.

@jagilyepes

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Abandono del cargo Trino Márquez

BANDONO DEL CARGO

Trino Marquezf

La decisión de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional en la cual se declara, mediante una interpretación literal del artículo 233 de la Constitución, “abandono del cargo” por parte de Nicolás Maduro, me parece inobjetable desde el punto de vista constitucional y político. El Parlamento estaba obligado a parársele firme a un déspota que desde el 6 de diciembre de 2015 ha agredido a la AN, desconociendo la voluntad de ocho millones de venezolanos que votaron a favor de los candidatos de la MUD.

        El 23 de diciembre de 2015, dos semanas antes de que asumieran las nuevas autoridades, Maduro les ordenó a sus diputados en la Asamblea saliente que designaran a los integrantes del TSJ, incluidos los miembros de la Sala Constitucional, instancia consolidada desde entonces como el aparato de choque “legal” del régimen contra el Poder Legislativo. Ese nombramiento arbitrario e ilegal presagió lo que vendría.

A partir del 5 de enero del año pasado arreció la embestida. En los 23 “considerandos” que respaldan el abandono del cargo se exponen con total claridad las violaciones cometidas por Maduro contra la autoridad de la AN. En total son trece las más graves (quien desee abundar en los detalles puede remitirse al portal de Runrunes). 

El 14 de enero de 2016, avalado por su TSJ, declara el Estado de Emergencia Económica y Excepción, prorrogado indefinidamente al margen de la Constitución y sin la aprobación de la AN, lo cual le ha permitido gobernar sin los controles legislativos establecidos en la Carta Magna. Maduro fomenta el desconocimiento de las atribuciones del Poder Legislativo, al ordenarles a sus ministros y otros altos funcionarios que desatiendan los llamados a comparecer ante la AN. Firma contratos y acuerdos sin la aprobación del Parlamento, como lo exige el artículo 150 de la Constitución. Presenta el Presupuesto Nacional 2017 ante el TSJ, ignorando a la AN. Politiza y partidiza el TSJ y el Consejo Nacional Electoral, poderes que deberían ser autónomos e  imparciales. Posterga de manera injustificada las elecciones de gobernadores, que debieron haberse realizado en 2016. Veta todas las leyes sancionadas por la AN, siempre con la justificación suscrita por el TSJ. Su desempeño económico se encuentra fuera de los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal contenidos en la Constitución; las consecuencias de sus desaciertos se traducen en inflación, desabastecimiento de alimentos y medicinas, caída del PIB y pobreza creciente. Desidia en la obligación de resguardar la seguridad ciudadana; Venezuela es el país más violento del mundo con un índice de 92 homicidios por cada 100.000 habitantes. La nación dejó de ser una democracia para convertirse en una dictadura donde existen presos, perseguidos y exiliados políticos. En la Venezuela de Maduro se quebranta a diario la libertad de expresión e información, a través de amenazas y hostigamiento a los medios de comunicación independientes. 

De forma sintética, estos son los criterios expuestos en los “considerandos” que sustentan la decisión de la AN. No hay espacio para la duda: Maduro es un mandatario inepto y autoritario, que propicia la ruina nacional y la desintegración del Estado democrático. El escenario político, que en todos los países se caracteriza por los conflictos y las tensiones, en Venezuela se ve exacerbado por la naturaleza de un autócrata menor movido por el deseo de eternizarse en el poder y ser el digno sucesor del caudillo que le sirve de modelo e insignia: Hugo Chávez. Para lograr este objetivo ha fortalecido la alianza con los militares, con los cubanos y está montando su propio aparato de propaganda, una de cuyas piezas fundamentales es el culto a la personalidad. Cada vez se equipara más con Chávez.

La decisión de la AN resulta incuestionable en el plano político. El Parlamento no puede dejarse arrollar por el dictador sin dar la pelea. Sin embargo, esta certeza no debe conducir a crear expectativas ilusorias e inducir la falsa creencia de que Maduro está caído o en sus últimos días. La MUD puede presentar la decisión como un ataque en defensa propia. Como un acto de reafirmación de su autoridad, afincada en la amplia mayoría que representa. En el plano internacional, Maduro ahora es un mandatario deslegitimado por un Parlamento que encarna la voluntad de un pueblo que lo desprecia. 

Argumentar que es una medida ineficaz o inútil porque carece de consecuencias inmediatas, es como sostener que no se debe votar porque los comunistas no entregan el poder por la vía electoral.

@trinomarq

El abandono del cargo Héctor Corro I.

EL ABANDONO DEL CARGO
Héctor Corro

Cuando un empleado entra a prestar sus servicios a una empresa, el personal encargado de los recursos humanos sostiene con ese nuevo empleado una bien planificada entrevista, para explicarle al nuevo empleado cuales son las caracteristicas del puesto que el va a ocupar en esa empresa.    Para ello,( se trata de una empresa modernamente bien organizada), el personal de recursos humanos, echa mano de " la descripción del cargo". Allí se especifican al detalle, las actividades, que por ser inherentes al cargo, debe cumplir el "nuevo empleado".  Por supuesto, se le da al nuevo empleado toda la libertad para hacer las preguntas que quiera, de manera que el nuevo empleado, no tenga ninguna duda de cuáles serán sus responsabilidades.   
Además, cada año, se hace una evaluación de como,   todos los empleados de esa empresa se han desempeñado en su puesto y se califica el desempeño con " excelente, bueno, no tan bueno o definitivamente deficiente o malo".  Esta evaluación hecha por el personal encargado de hacerla, determinará cuál será el futuro de cada empleado en la Organización.  Así como puede definirse  el " potencial de ascenso del empleado" también puede definirse la exclusión de cualquier empleado en la Organización, es decir, si continuará en la empresa o si será despedido. 
Esas "descripciones de cargo" han sido hechas cuidadosamente y por personal altamente calificado para ello.
Esto es un ejemplo de lo que cada día se hace en millones de empresas en todo el mundo.
Un país es," mutatis mutandis" como una empresa.
Ese país tiene una Organización creada por los constituyentes originarios, quienes han delegado en los constituyentes delegados ( Asamblea Nacional constituyente ) la elaboración del Pacto Social o sea la Constitución de ese país. En esa Constitución encontramos que uno de los aspectos más interesantes es la "descripción" de muchos cargos de gran importancia para el país y se definen específicamente, los deberes inherentes a esos cargos.  En nuestra Constitucion, cuando se habla de la máxima autoridad del país , es decir del Presidente de la Republica, se define muy bien, cuáles son sus competencias y cuáles sus deberes.  
Venezuela, según su Constitución es un país democrático y su Ley fundamental es la Constitución Nacional. Si no estoy mal informado, el deber fundamental del Presidente Constitucional es : " cumplir y hacer cumplir la Constitucion", es decir, "gobernar".    
 En todos los espacios donde se habla del Presidente de la Republica, se dice : "Presidente Constitucional".
Es decir, que gobierna dentro y de acuerdo con los principios y procedimientos emanados de esa Constitucion.
Hoy se está discutiendo " el abandono del cargo" por parte de Maduro.     Cuando los venezolanos elegimos  ¿? a Maduro elegimos un Presidente Constitucional.    Pero cuando examinamos el desempeño de Maduro en ese cargo, todos nos preguntamos : ¿está Maduro ejerciendo el cargo como un Presidente Constitucional?    Los hechos, y no cabrían en estas páginas enumerarlos,  nos dicen que Maduro se está comportando no como  un Presidente Constitucional sino como un DICTADOR, que hace tiempo tiro la Constitución al cesto de la basura, que su Régimen no es Constitucional sino  más bien "anti- constitucional".   Nosotros, los venezolanos elegimos  ¿?un Presidente Constitucional NO UNDICTADOR.  
Hay algunos,  que afirman que Madurono no  ha abandonado el cargo porque todos los días mete cadenas, todos los días hace aumentos de sueldo, vive pegado a la televisión o la radio, convoca reuniones a sus escualidos y asalariados seguidores..... 
ergo,  no ha abandonado el cargo.     ¡Que equivocados están!  Los hechos y no las poses , nos gritan : " Maduro abandono el cargo porque de Presidente Constitucional se convirtió en DICTADR.
 Maduro no gobierna, "manda" como lo hacen y lo han hecho todos los  DICTADORES.
Mis queridos amigos:  Ese cargo de DICTADOR, que desempeña Maduro , NO EXISTE EN LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA.


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El abandono del cargo. Héctor Corro I.

EL ABANDONO DEL CARGO
Héctor Corro

Cuando