Posted: 03 Apr 2016 11:57 PM PDT
En ciencias sociales, se suele definir a las intituciones como “Las reglas de juego en una sociedad, o, formalmente, los constreñimientos u obligaciones creados por los humanos que le dan forma a la interacción humana. En consecuencia, éstas estructuran los alicientes y el intercambio humano, ya sea político, social o económico” (North, 1990). En sociedad, los sujetos necesitan las instituciones porque las personas cuando se relacionan entre sí, generan expectativas, respuestas y reflexiones. Por lo tanto necesitan reglas claras externas a los sujetos que interactúan entre sí. El Estado suele ser de una forma u otra el garante por excelencia de la institucionalidad en un país.
El chavismo en su identidad como Revolución y con Hugo Chávez como su líder máximo, ha mostrado como objetivo el querer destruir todas las instituciones que regulan la vida social en Venezuela. El lector agudo dirá en defensa que toda Revolución consiste en destruir las instituciones, olvidando que eso se hace para sustituirlas por otras, las propias, las revolucionarias. Pero el chavismo, siguiendo la lógica del Totalitarismo del siglo XX (sea Nacional-Socialismo o el Stalinismo comunista), tiene como propósito no el destruir el Estado para sustituirlo por otro, sino que no exista ninguno. Una institución o red de instituciones siempre serán obstáculos para ejercer el poder de manera absoluta, donde los gobernados en este contexto no serán otra cosa que masas destinadas a sólo chillar, aplaudir y repetir lo que dice El Jefe.
En su apetito por poder, el gobierno venezolano rompe cualquier institución que regule dicho poder aunque esta sea primordial para ejercerlo eficazmente. En la Venezuela del siglo XXI la Revolución tiene como aspiración no el comandar un Estado, sino reinar sobre el caos, un caos que le devuelva siempre como un espejo su figura de Narciso enamorado de sí mismo. Ese caos que estimula lo hace intencionalmente, buscando agrandar y arropar todo acción de agresión y arbitrariedad. La pérdida del monopolio legítimo de la violencia (con la que Weber define el carácter institucional del Estado) ha sido uno de los elementos significativos del chavismo en la última década. Con tal de contar con bandas fanáticas armadas que matarían por su causa, el gobierno central ha renunciado cualquier institucionalidad para regular la violencia en el país, creyendo así ejercer más poder sobre la sociedad de la que disfrutaría con un régimen policiaco clásico.
La oposición sabiendo esto, ha hecho la muy loable política de conquistar el Poder Legislativo del país por los canales jurídicos formales, y desde allí ejercer la función de elaborar leyes y supervisar el poder público. Se hizo esto no por cobardía, sino por el más mínimo sentido común. Un desplazamiento del poder del chavismo bajo la violencia sólo llevará a sepultar cualquier institucionalidad que pueda regular la violencia entre venezolanos, lo cual garantizaría inestabilidad y violencia a corto y largo plazo en el país. Y la violencia es el terreno en que el chavismo se mueve a la perfección. Por eso, la oposición se ha sometido a jugar con las reglas arbitrarias que le ha impuesto el régimen chavista (reglas que sólo se aplican a la oposición), logrando una hermosa victoria política el 6 de diciembre del pasado año.
Pero la oposición luego de este inmenso logro, debe evitar caer en la tentación de “deificar” el poder de las leyes para dar una salida política al problema del chavismo. El brillante sociólogo Alain Touraine nos habla que la democracia se maneja en una constante tensión entre la voluntad de los actores sociales concretos y la institucionalidad democrática. No todo se puede dejar a la Institución Jurídica para resolver una crisis política (especialmente si el poder de las leyes ha sido erosionado por el mismo gobierno), sino se necesita de acciones dinámicas adicionales, aunque estas puedan llegar a ser extra-institucionales y no jurídicas, pero que son inevitables para construir una nueva institucionalidad que sea válida para todos.
Un ejemplo, en la Francia de 1789, las diferentes fuerzas que querían cambio político estuvieron de acuerdo a someter su conflicto de intereses políticos a las reglas del Absolutismo Monárquico: Los Estados Generales. Pero cuando esta Asamblea fue convocada y los sectores pro-absolutistas quisieron imponer su lógica jurídica de forma arbitraria (votar por estamento) en contra de lo que querían los Revolucionarios (votar por cabeza y en condiciones de igualdad), los diputados enemigos de la monarquía desobedecieron, desmantelaron los estamentos tradicionales y lograron que incluso partidarios de la Corona se le unieran en una nueva Asamblea para redactar una Constitución para Francia (el famoso Juramento del Juego de la Pelota). Todo esto se logró usando la misma estancia que la monarquía había impuesto para el debate legislativo, pero no aceptando su lógica política. Si no se hubiera roto la dinámica de la institucionalidad monárquica (una institucionalidad porosa y arbitraria, típica del Absolutismo) no se hubiera cambiado el sistema político.
La Asamblea Nacional ganada por la oposición tiene la necesidad de romper la lógica de la no-institucionalidad dictatorial del régimen chavista, pero no lo va a lograr obedeciendo las interpretaciones arbitrarias de la ley que hacen los poderes sometidos al Ejecutivo, especial un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo y cuyas acciones son ilegales. Tiene que crear el punto de ruptura y desconocimiento exacto, inteligente y quirúrgico para obligar al gobierno a aceptar su desplazamiento por vía electoral. La crisis de poderes es inevitable, lo que se puede elegir es como darse (preferiblemente de manera pacífica), y para ello no todo el trabajo se le puede dejar al parlamento y al análisis jurídico. La crisis se agrava y la pérdida del monopolio de la violencia abre la puerta de que el vacío político que vive el país sea llenado por una bota militar. Es un deber de los demócratas dentro y fuera del país evitar eso.
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