Ahora contra Naciones Unidas
MARINO ALVARADO BETANCOURT | EL UNIVERSAL
jueves 16 de octubre de 2014 12:00 AM
Desde hace muchos años la élite política que gobierna el país se dedicó a desarrollar una intensa campaña contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le incomoda que la Comisión diga algunas verdades sobre la situación de los derechos humanos en el país y en consecuencia realice un conjunto de recomendaciones orientadas a superar déficit existente. Le disgusta que afirme, por ejemplo, que en Venezuela algunos cuerpos policiales realizan ejecuciones y practican la tortura, o que no exista un Poder Judicial independiente.
Frente a esas verdades la actitud gubernamental es de absoluta soberbia tildando a la Comisión Interamericana de mentirosa y de ser un instrumento del imperialismo norteamericano. En lugar de reflexionar sobre las recomendaciones para mejorar la satisfacción de los derechos de la población, se empeña en descalificar a la institución e incluso a sus integrantes.
De la Comisión Interamericana, pasó a descalificar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La misma que sentenció a favor de las víctimas del Caracazo, de El Amparo, del Retén de Catia y de Desaparecidos de Vargas. Le irrita que la Corte dicte sentencias donde deja expresamente establecida la responsabilidad del Estado venezolano por violar los derechos humanos. O como en el caso de la sentencia del Caracazo exprese lo inconveniente de usar a la fuerza armada en labores de control del orden público y la necesidad de regular el uso de la fuerza por parte de policías y militares. A la Corte también la calificó como instrumento a favor del imperialismo.
El final lamentable de ese empeño contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos arrebatándole al pueblo venezolano una instancia donde acudir para exigir justicia.
Mientras el gobierno del expresidente Chávez primero y después el presidente Maduro realizaba un gran esfuerzo para descalificar a la Comisión y la Corte, eran muy cautelosos con respecto a los órganos de protección de Naciones Unidas.
Denunciada la Convención Americana, con seguridad cada vez más las víctimas de violaciones a sus derechos presentarán denuncias en la variedad de instancias de protección que tiene el Sistema de Naciones Unidas. Y cada vez más los órganos de esa instancia se pronunciarán a favor de las víctimas e igual que la Comisión Interamericana, realizarán recomendaciones.
Ya empiezan a salir las primeras decisiones. Ocurrió con el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que la semana pasada realizó dos recomendaciones para poner en libertad a dos ciudadanos venezolanos afirmando que se les encarceló de manera arbitraria y además violaron un conjunto de derechos.
Frente a esas primeras decisiones la respuesta del gobierno es negativa y además de manera tímida descalifican a Naciones Unidas. Así empezaron con la Comisión Interamericana. Con esta posición el Estado venezolano demuestra que su problema no es con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sino con cualquier instancia internacional a la que puedan acudir los habitantes de Venezuela para hacer valer los derechos humanos. El gobierno insiste en mantener una línea contraria a sus obligaciones internacionales violando además el artículo 31 de la Constitución, que establece: "El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y en la Ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales".
El gobierno, en definitivita, lo que quiere es seguir cerrando espacios a las víctimas para reclamar justicia.
@marinoalvarado
www.derechos.org.ve
Frente a esas verdades la actitud gubernamental es de absoluta soberbia tildando a la Comisión Interamericana de mentirosa y de ser un instrumento del imperialismo norteamericano. En lugar de reflexionar sobre las recomendaciones para mejorar la satisfacción de los derechos de la población, se empeña en descalificar a la institución e incluso a sus integrantes.
De la Comisión Interamericana, pasó a descalificar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La misma que sentenció a favor de las víctimas del Caracazo, de El Amparo, del Retén de Catia y de Desaparecidos de Vargas. Le irrita que la Corte dicte sentencias donde deja expresamente establecida la responsabilidad del Estado venezolano por violar los derechos humanos. O como en el caso de la sentencia del Caracazo exprese lo inconveniente de usar a la fuerza armada en labores de control del orden público y la necesidad de regular el uso de la fuerza por parte de policías y militares. A la Corte también la calificó como instrumento a favor del imperialismo.
El final lamentable de ese empeño contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos arrebatándole al pueblo venezolano una instancia donde acudir para exigir justicia.
Mientras el gobierno del expresidente Chávez primero y después el presidente Maduro realizaba un gran esfuerzo para descalificar a la Comisión y la Corte, eran muy cautelosos con respecto a los órganos de protección de Naciones Unidas.
Denunciada la Convención Americana, con seguridad cada vez más las víctimas de violaciones a sus derechos presentarán denuncias en la variedad de instancias de protección que tiene el Sistema de Naciones Unidas. Y cada vez más los órganos de esa instancia se pronunciarán a favor de las víctimas e igual que la Comisión Interamericana, realizarán recomendaciones.
Ya empiezan a salir las primeras decisiones. Ocurrió con el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que la semana pasada realizó dos recomendaciones para poner en libertad a dos ciudadanos venezolanos afirmando que se les encarceló de manera arbitraria y además violaron un conjunto de derechos.
Frente a esas primeras decisiones la respuesta del gobierno es negativa y además de manera tímida descalifican a Naciones Unidas. Así empezaron con la Comisión Interamericana. Con esta posición el Estado venezolano demuestra que su problema no es con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sino con cualquier instancia internacional a la que puedan acudir los habitantes de Venezuela para hacer valer los derechos humanos. El gobierno insiste en mantener una línea contraria a sus obligaciones internacionales violando además el artículo 31 de la Constitución, que establece: "El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y en la Ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales".
El gobierno, en definitivita, lo que quiere es seguir cerrando espacios a las víctimas para reclamar justicia.
@marinoalvarado
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